[Xalapa Veracruz] El Congreso del Estado de Veracruz aprobó el miércoles 5 de agosto retirar el fuero constitucional a los presidentes municipales de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero y de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, ambos con cargos penales en su contra de acuerdo a la Fiscalía General del Estado que pretende enjuiciarlos, a uno por presunto homicidio y al otro por desaparición..
Con esta determinación, los dos ahora —exediles— podrán ser sujetos a proceso sin la protección del fuero constitucional que tenían como alcaldes.
La discusión del llamado Juicio de Procedencia se realizó durante la sesión del Pleno del Congreso del Estado, donde previamente la Comisión Instructora presentó los dictámenes de ambos casos.
A la sesión asistió Bertín Bravo Montero, presidente municipal de Úrsulo Galván, quien fue acompañado de su equipo de defensa mientras que, Raúl González Martínez no estuvo presente y únicamente compareció su defensa legal.
El desafuero de los exmunícipes se dió con el voto a favor de Morena y sus aliados y en el caso de la bancada del PAN, previo a la sesión anunció una postura dividida: manifestó que respaldaría el desafuero de uno de los alcaldes, pero votaría en contra del retiro del fuero del otro, al considerar que existían diferencias en la integración de los expedientes.
En el caso de Bertín Bravo Montero, su defensa ha informado que cuenta con una suspensión otorgada mediante un juicio de amparo y de manera extraoficial, también se ha señalado que Raúl González Martínez habría promovido un recurso similar, aunque hasta el cierre de esta edición esa información no había sido confirmada oficialmente.
Los dos alcaldes son investigados por la Fiscalía General del Estado dentro de una carpeta relacionada con hechos de asesinato y desaparición, una investigación que derivó en las solicitudes de declaración de procedencia enviadas al Poder Legislativo.
En el caso del exedil de Ixhuatlán del Sureste, se le señala como autor intelectual del asesinato de la comunicadora Roxana Guzmán mientras que al exedil de Úrsulo Galván se le investiga por la desaparición del empresario Héctor Ramos y su chofer/escolta Ignacio López.
Con la votación del miércoles, el Congreso autorizó que ambos enfrenten las investigaciones sin la inmunidad procesal que les otorgaba el cargo, aunque ello no implica una sentencia ni prejuzga sobre su responsabilidad penal, la cual deberá ser determinada por las autoridades jurisdiccionales competentes.
En la historia política reciente de Veracruz, desde el año 2000 únicamente tres presidentes municipales han sido desaforados por el Congreso local, incluido el caso de Gregorio Gómez Martínez, exalcalde de Tihuatlán.
