[Ciudad de México] Un terreno vacío podía convertirse en motivo de un nuevo impuesto y, bajo determinadas condiciones, terminar en una subasta obligatoria. Esas posibilidades, junto con cambios al predial, serán retiradas del plan para ordenar el Valle de México tras la controversia ciudadana.
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) anunció el 12 de noviembre que eliminará esos mecanismos del proyecto de ordenamiento metropolitano, después de revisar las observaciones recibidas durante las consultas públicas.
Sin embargo, hay una precisión fundamental: eran propuestas, no medidas vigentes. No se había creado ese nuevo impuesto ni autorizado la venta obligatoria de propiedades mediante el programa.
El Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM) busca que distintos gobiernos trabajen juntos para organizar el crecimiento urbano. Su nombre es poco conocido, pero sus propuestas abarcan temas cotidianos como vivienda, transporte, agua y servicios públicos.
De acuerdo con la delimitación oficial de Sedatu, la Zona Metropolitana del Valle de México comprende 84 alcaldías y municipios: 16 de la Ciudad de México, 59 del Estado de México, ocho de Hidalgo y uno de Morelos.
La intención es coordinar soluciones a problemas que no terminan en la frontera entre dos municipios, como los largos traslados, la contaminación, las inundaciones y la falta de vivienda cercana a los centros de trabajo.
Aunque se presenta como un instrumento de planeación, el borrador también incluía propuestas para impulsar reformas fiscales y urbanísticas. Ahí comenzó la controversia: vecinos cuestionaron sus posibles efectos sobre los impuestos y la propiedad privada.
El primer mecanismo era el llamado gravamen al desperdicio urbano, un nuevo impuesto dirigido a propietarios de terrenos baldíos o considerados subutilizados, ubicados en zonas urbanas consolidadas con calles, electricidad, drenaje y otros servicios.
El documento original del programa, en su página 21, sugería cobrar una tasa de al menos 1% sobre una valoración del terreno, con ajustes dependiendo de su tamaño.
Incluso proponía pagos bimestrales, con la posibilidad de cubrirlos anualmente, y desaconsejaba establecer descuentos o subsidios, incluidos los destinados a grupos de atención prioritaria.
No se trataba de cobrar por cualquier terreno vacío. La propuesta se dirigía a determinadas zonas del Valle de México y también podía incluir inmuebles abandonados, en ruinas o construcciones consideradas insuficientemente aprovechadas.
