La Corte Suprema de Estados Unidos decidió este viernes 16 de mayo impedir que el presidente Donald Trump continue con las deportaciones de un grupo de inmigrantes en el norte de Texas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. La medida les da la razón a un grupo de venezolanos en Texas que estaba a punto de ser expulsados del país bajo la amplia autoridad de tiempos de guerra.
Los jueces devolvieron el caso a un tribunal de apelaciones para que decida sobre las cuestiones subyacentes del asunto, incluidas la legalidad o no del movimiento del presidente y la anticipación con la que debería informarse a los migrantes afectados.
La decisión de la Corte Suprema representa una derrota significativa para Trump, quien quiere usar la ley para acelerar las deportaciones y evitar las revisiones normalmente requeridas antes de la expulsión de personas del país.
Sin embargo, se trata de una medida temporal y la batalla legal sobre la invocación del presidente ha continuado en simultáneo en distintos tribunales federales de todo el país.
Dos jueces conservadores, Clarence Thomas y Samuel Alito, señalaron públicamente su disidencia.
La opinión no firmada de la corte fue notablemente crítica con la manera en la que el Gobierno intenta manejar las deportaciones y también con el modo con el que el juez de distrito de EE.UU., James Hendrix, trató el caso en una etapa anterior.
La corte hizo referencia a otro caso que le llegó previamente, el del inmigrante Kilmar Ábrego García, quien fue deportado por error a El Salvador. La corte señaló que el Gobierno de Trump ha demostrado que es “incapaz de proporcionar el regreso de un individuo deportado por error a una prisión en El Salvador”.
Ante esto, la corte dijo que “los intereses de los detenidos en juego son, por lo tanto, particularmente importantes”. En otras palabras, la corte subraya la importancia de resolver de forma correcta las cuestiones legales antes de que las personas sean deportadas, potencialmente, para siempre.
La corte agregó que la forma en que el Gobierno de Trump maneja las deportaciones “no pasa la prueba”. Específicamente, los jueces señalaron un aviso de solo 24 horas que estaba “desprovisto de información sobre cómo ejercer los derechos de debido proceso para impugnar esa deportación”.
La Corte Suprema devolvió el caso al Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito de EE.UU., con sede en Nueva Orleans, para una revisión adicional, diciendo en su orden que el tribunal de apelaciones se equivocó al desestimar la apelación de los detenidos.
