A pesar de estar obligado a proceder de oficio en situaciones evidentes, el Instituto Nacional Electoral (INE) hace caso omiso a las irregularidades cometidas por candidatos que participan en el proceso electoral del Poder Judicial, los cuales violan reglas establecidas por ese mismo organismo y realizan campaña de forma indebida, lo que pone en desventaja a otros contendientes que se promocionan apegados a los lineamientos.
Al cumplirse 50 días de las campañas federales y 20 días de las estatales de la elección judicial, se han constatado actos anticipados de campaña, autopromoción en horario laboral, campañas simuladas como eventos académicos, utilización de material de propaganda no autorizado, pago de anuncios de empresas promocionando contenido a favor de candidaturas, colocación de espectaculares y hasta reuniones con publicistas en oficinas del Poder Judicial de Veracruz.
Casos específicos como el del candidato a magistrado de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Rigoberto Riley Mata Villanueva, quien actúa con premeditación, alevosía y ventaja para promoverse sin restricciones, ponen en duda la imparcialidad de los organismos electorales y el trabajo que realizan sus áreas de fiscalización encargadas de vigilar que haya equidad en la contienda.
El caso de Riley Mata llama la atención porque este candidato es experto en el tema electoral y por ello encontró la forma de violar la reglamentación al promocionarse y promocionar a otras candidatas, haciendo campaña simulando eventos académicos. Esto mismo hizo la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien busca reelegirse, con la diferencia de que ella sí fue sancionada por el INE, que señaló, entre otras cosas, “Promoción Personalizada y Vulneración a los Principios de Imparcialidad”.
El 5 de abril pasado, Lenia Batres Guadarrama asistió a la Universidad de Xalapa, en la capital del estado de Veracruz, donde simulando una charla sobre la reforma al Poder Judicial, utilizó el foro para autopromoción y promoción a otros candidatos. Días antes, el 2 de abril, el candidato 14 de la boleta color melón, Rigoberto Riley Mata Villanueva, aspirante a una magistratura en la Sala Regional Xalapa del TEPJF, hizo los mismo en la Universidad Veracruzana (UV)..
El candidato Riley de 2019 a 2021 fue presidente del Tribunal Electoral del estado de Tabasco y conociendo la ley, simuló un evento académico en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, donde impartió una «conferencia» cuyo nombre coincide con el número de su candidatura y en la que utilizó el mismo color que el INE asignó a quienes aspiran a ocupar el cargo por el que él contiende, además, ahí promocionó a dos candidatas para integrar el mismo tribunal.
Ese día, Riley Mata mostró una réplica de la boleta electoral y con la intensión de influir en el voto, expresó a los asistentes que los recuadros superiores son para votar, que ahí, en el apartado de mujeres, podían colocar los números 01, y 11, y en el de hombres el número 14, exactamente los números asignados a dos aspirantes a magistradas y a él mismo.
Las candidatas que el aspirante Riley promueve son su excompañera y exmagistrada del Tribunal Electoral de Tabasco, Yolidabey Alvarado de la Cruz y la actual presidenta del Tribunal Electoral del estado de Veracruz, Tania Vásquez Muñoz. Ellas aparecen la boleta del INE con los números 01 y 11, respectivamente, mismos números que el candidato tabasqueño promueve en sus «conferencias» simuladas.
A pregunta expresa sobre este tipo de hechos, el delegado del Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz, Josué Cervantes Martínez, admitió que ese organismo está facultado para actuar de oficio ante hechos muy evidentes y comprobables de violación a la reglamentación electoral; sin embargo, pese a las evidencias, hasta el momento no hay un procedimiento sancionador por el caso del candidato Rigoberto Riley Mata Villanueva, quien por cierto también trabaja para el INE.
Es contradictorio lo declarado por Josué Cervantes porque conociendo los hechos, la institución que encabeza no ha actuado. Y es que el INE envía personal a cada acto público de los candidatos, por tanto, conoce las irregularidades cometidas por los aspirantes.
Cabe destacar que el resultado de un procedimiento especial sancionador, cuando se comprueban hechos, el INE tiene la facultad de hacer una amonestación o hasta quitar el registro de una candidatura.
No solo el INE es omiso, también el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz hace lo propio con candidatos del ámbito estatal que no respetan las reglas.
PRIMERA NOTA DE TRES
