[Veracruz, México.] La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, rechazó este lunes que el inmueble ubicado en el municipio de Coatzacoalcos, donde recientemente se detectó el manejo irregular de hidrocarburos, sea una mini refinería, se trata dijo, de «una mezcladora».
En conferencia de prensa realizada desde Palacio de Gobierno, Nahle fue cuestionada sobre la información proporcionada por el gobierno federal respecto a la localización de una presunta planta de procesamiento de combustible en dicha región del sur del estado.
«Quienes conocen del tema saben perfectamente que no se trata de una mini refinería», sostuvo y agregó que ni siquiera se le puede llamar empresas sino «acciones»
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal informó recientemente sobre el hallazgo de un predio en Coatzacoalcos donde presuntamente se llevaba a cabo el procesamiento clandestino de hidrocarburos, lo que generó versiones sobre la posible existencia de una mini refinería no autorizada. La instalación fue ubicada en una zona industrial.
La gobernadora celebró que el gobierno federal esté realizando este tipo de acciones de detección de actividades irregulares relacionadas con el llamado huachicol, y subrayó que corresponde a la administración federal llevar a cabo las investigaciones correspondientes.
Reconoció que este tipo de negocios deben tener permiso de uso de suelo federal y contar con autorizaciones municipales. Dijo que el gobierno estatal no entra a revisar todas las empresas establecidas en la zona y de esa forma justificó el hecho de que el gobierno de Veracruz no haya detectado la planta irregular.
Además, indicó que la ubicación de esta planta —en una zona donde hay múltiples instalaciones industriales— dificultó su identificación como un punto de operación ilegal de hidrocarburos, lo que, a su juicio, refuerza la importancia de los operativos federales en esta materia.
En los últimos años, el robo y procesamiento ilegal de combustible ha sido un problema persistente en diversas regiones del país, incluida Veracruz.
Las autoridades federales han intensificado operativos para combatir estas redes delictivas, que operan al margen de toda regulación y representan un riesgo tanto económico como ambiental. Sin embargo, no se concibe la instalación y funcionamiento de esos lugares sin la protección y complicidad de autoridades estatales y municipales.
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