[Ciudad de México] Seis organizaciones civiles junto con varios candidatos, presentaron este jueves 19 de junio un procedimiento de impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para exigir la nulidad de las elecciones extraordinarias del Poder Judicial de este año.
La demanda consta de más de 300 páginas y es respaldada por más de 200 pruebas, en ella, se afirma que se trató de una elección de Estado.
Las elecciones impugnadas corresponden a tres órganos clave del sistema judicial mexicano: La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), máximo tribunal del país. El Tribunal de Disciplina Judicial, encargado de supervisar y sancionar la conducta de jueces y magistrados y La Sala Superior del Tribunal Electoral, máxima autoridad en materia electoral.
Las organizaciones firmantes —@PodermxXmx, @Eleccionesymas, @PROJUCmx, @Consejo_Litigio, @Practica_Lab y @DefensorxsAC— aseguran que existió una intervención sistemática desde el oficialismo para coaccionar el voto y asegurar la victoria de los candidatos promovidos por el gobierno federal.
Según el abogado José Manuel del Lago y el equipo jurídico de @PROJUCmx, se documentó el uso generalizado de «acordeones» con listas de candidatos respaldados por la Presidencia, distribuidos en todo el país. El dato más contundente, según los denunciantes es que, el 100% de los candidatos de dichos acordeones resultaron ganadores, incluidos 9 ministros de la Corte, 5 magistrados del Tribunal de Disciplina y 2 del Tribunal Electoral.
“El resultado de esta elección fue determinado por una intervención ilegal. Por eso, debe invalidarse”, afirmaron los promoventes.
La elección cuestionada se deriva de la reforma judicial promovida e impulsada por el gobierno federal, aprobada a finales de 2024. Dicha reforma, que modificó la Constitución, transformó radicalmente el método de selección de los principales órganos del Poder Judicial, estableciendo que los cargos de más alta jerarquía serían ahora elegidos por voto popular.
Pese a su carácter histórico, la reforma fue criticada por diversos sectores —incluidos juristas, académicos y organismos internacionales— por sus irregularidades y falta de garantías democráticas. Entre los principales señalamientos se menciona un proceso legislativo exprés, sin consulta pública ni deliberación amplia, el hecho de que el dictamen haya sido aprobado en menos de 10 días entre ambas cámaras del Congreso.
La falta de reglas claras para la elección, con lineamientos ambiguos que se publicaron semanas antes de los comicios, evaluaciones opacas de los perfiles, además de haberse permitido la candidatura de al menos 26 personas con antecedentes de sanciones administrativas, conflictos de interés o vínculos partidistas.
El uso político del aparato estatal, incluyendo propaganda oficial que promovía la “renovación del Poder Judicial”, asociada directamente con candidaturas cercanas al Ejecutivo.
Se habla también de un voto desigual es decir, que el peso del sufragio varió ampliamente según el estado, con ciudadanos de entidades como CDMX o Jalisco con mucho menor representación que estados con menor población.
Además de la supuesta operación de Estado, la impugnación presentada señala diversas irregularidades estructurales durante la elección como el
proceso sin observación ciudadana efectiva ni mecanismos para garantizar la transparencia así como la falta de condiciones para la libre competencia electoral y para el escrutinio público de resultados.
Señala también que se permitió una sobrerepresentación de candidatos afines al Ejecutivo, mientras que múltiples candidaturas independientes o promovidas por la sociedad civil fueron rechazadas sin fundamentos claros.
Las organizaciones también denuncian que el órgano organizador no fue imparcial y careció de autonomía operativa.
Los firmantes no solo buscan revertir el resultado de estas elecciones. De acuerdo con el abogado Eduardo Espinosa Silis, el objetivo es fijar un precedente histórico: “No se trata solo de esta elección. Queremos garantizar que en el futuro jamás se repita una elección de Estado, donde la Presidencia imponga a los ganadores y se prive a la ciudadanía de su derecho a decidir.”
