Quetzalli Carolina Vázquez / CN
[Xalapa, Veracruz.] Florencio Hernández Espinoza es un exjuez del Poder Judicial de Veracruz que lleva más de tres años recluido en un penal federal en Chiapas, luego de ser acusado por familiares de la actual presidenta municipal de Xalapa, Daniela Griego, de presuntamente haber recibido un soborno.
El ex juez enfrenta el proceso penal 116/2023 y fue detenido el 23 de marzo de 2023 al salir de las instalaciones del Poder Judicial, seis días después, fue vinculado a proceso.
Pero el origen real, -de acuerdo con la defensa-, está en una resolución que Hernández Espinoza tomó como juez de Control en Coatzacoalcos relacionada con el caso de Jesús “Chucho” Uribe Esquivel, actual presidente municipal de Las Choapas Veracruz, a quien se le acusaba del asesinato de un militar.
Por falta de elementos, el juez Florencio Hernández resolvió no vincularlo a proceso; lo que habría molestado a la entonces presidenta del Poder Judicial y actual Fiscal General de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez, a quien presuntamente Erick Patrocinio Cisneros Burgos, entonces secretario de gobierno en el sexenio de Cuautlahuac García, le habría ordenado dejar a Jesús Uribe tras las rejas por instrucciones del propio gobernador.
De acuerdo a lo señalado por su defensa, después de esa resolución comenzaron las acciones administrativas en su contra, posteriormente la acusación penal que terminó llevándolo a prisión.
Bajo el argumento de riesgo de fuga se le fijó prisión preventiva forzosa por dos años, luego por otro año, después por otros cuatro meses y recientemente ampliaron el periodo cuatro meses más, excediendo el plazo constitucional de dos años previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
El caso del exjuez Florencio Hernández contrasta con su trayectoria; en 2019, apareció entre los 27 perfiles considerados para dirigir la Fiscalía General de la República y años después terminó tras las rejas como castigo por no acatar «ordenes de arriba».
La acusación que lo mantiene tras las rejas se originó con los señalamientos de Roxana Griego Ochoa, María Fernanda Pacheco Griego y José Antonio Pacheco Santos, identificados públicamente como familiares de Daniela Griego, alcaldesa de Xalapa.
Los familiares de la alcaldesa estuvieron internados por robo, lesiones y amenazas en el penal Duport Ostión en Coatzacoalcos; posteriormente, denunciaron que el ex juez Florencio les pidió cien mil pesos para conseguir la libertad.
La Fiscalía sostiene que se comentió el delito de «cohecho», pues el dinero estaría relacionado con un acto de corrupción, mientras que la defensa asegura que correspondía a la reparación del daño dentro del proceso 04/2023.
De acuerdo al Código Penal vigente, cuando se comete cohecho la sanción es para el que da y para el que recibe, sin embargo, la persona que presuntamente entregó el dinero permanece en libertad mientras que el exjuez continúa recluido.
La defensa ha señalado que las instrucciones relacionadas con el caso de «Chucho» Uribe habrían sido transmitidas por David Cerdeña Ortega, quien se desempeñaba como secretario particular de la entonces presidenta del Poder Judicial y quien se encargaba —a nombre de Lisbeth Aurelia Jiménez-, de instruir resoluciones a Jueces.
En el caso de Florencio Hernández Espinoza, su defensa señala que el Poder Judicial, a traves de jueces aliados al sistema, se habían negado durante mas de tres años a atender los amparos para revisar la prisión preventiva dictada en perjuicio del exjuez, quien busca seguir su proceso en libertad al tratarse de un delito menor.
Sin embargo y tras las constantes peticiones y presiones, a principios del mes de agosto se concretó la audiencia para revisar el tema de la prisión preventiva y el Juez Rene Ortiz Santorius, determinó que Florencio Hernandez continúe su proceso en el penal de Chiapas ante el riesgo de fuga que supone la autoridad.
El caso del exjuez tiene similitudes con el de la exjueza Angélica Sánchez Hernández, detenida en Xalapa durante el gobierno morenista de Cuitláhuac García Jiménez y quien ha sostenido que su encarcelamiento estuvo relacionado con su negativa a mantener en prisión a una persona cuya libertad había sido ordenada por una autoridad federal.
En ambos casos, las defensas han planteado que los jueces veracruzanos enfrentaron consecuencias, después de negarse a cumplir instrucciones que consideraban contrarias a sus decisiones judiciales.
Florencio Hernández Espinoza continúa sujeto al proceso penal 116/2023 y, hasta ahora, no existe una sentencia condenatoria firme por el delito de cohecho que se le acusa e incluso, sus acusadores no han dado seguimiento al caso ni han presentado pruebas pero, con todo y eso, el exjuez sigue privado de su libertad.
El caso de aquel juez que en 2019 apareció entre los aspirantes a dirigir la Fiscalía General de la República y que presuntamente se negó a violentar las leyes cumpliendo órdenes superiores, años después, como castigo por su rebeldía, se encuentra prisionero en Chiapas en espera de justicia y su historia tiene todavía capítulos pendientes.
