[Veracruz< México.] Este lunes 30 de junio, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz consumará uno de los procesos más cuestionables de su historia al declarar válidas las elecciones judiciales y entregar constancias de mayoría a los candidatos ganadores, pese a la evidencia de irregularidades, opacidad y errores estructurales que podrían llevar a la nulidad del proceso.
En medio del escándalo, el OPLE actúa como si nada ocurriera: no ha verificado los requisitos de elegibilidad de los aspirantes ganadores —a pesar de que al menos cuatro presentan datos públicos de posible inelegibilidad— y, fiel a su estilo, prefiere dejarle el problema a los tribunales para que sean ellos quienes decidan qué se puede componer y qué debe anularse. Así, renuncia el OPLE a su responsabilidad y traslada la carga de la legalidad a instituciones que solo deberían actuar en última instancia.
La elección judicial organizada por el OPLE ha sido desaseada desde el principio. Se permitió la intromisión directa del Poder Judicial, la dispersión y uso de acordeones, se diseñaron boletas con errores inaceptables, y en el caso de la elección de magistratura de Conciliación y Arbitraje se validaron votos dobles alterando los resultados de manera determinante, beneficiando directamente a la única candidatura femenina que terminó con cifras que superan incluso a las de alcaldes electos en municipios como Xalapa y Coatzacoalcos.
El OPLE no solo entregará constancias sin verificará elegibilidad, sino que declara la validez de una elección que diseñó mal, administró peor y jamás corrigió. Lo hace con una ceguera institucional alarmante y una irresponsabilidad que no puede ser maquillada por discursos institucionales.
Los candidatos que recibirán la constancia de mayoría llegan con un señalamiento inevitable: ¿Ganaron por mérito o porque el OPLE les permitió ganar en medio del caos?
Y ese es, tal vez, el mayor daño colateral de este desastre electoral: poner en duda los triunfos, incluso de quienes tienen experiencia, preparación y cumplen con todos los requisitos legales. Muchos de los candidatos electos merecen estar en el cargo por sus méritos, pero el OPLE ha logrado lo impensable: convertir su victoria en una sospecha pública.
Ahora, incluso los perfiles más sólidos llegan desgastados por un proceso sucio, desorganizado y desacreditado. No es culpa de ellos, es culpa del OPLE, que tiró por la borda los principios de certeza, legalidad, imparcialidad y equidad que debieron haber sido los pilares de esta elección.
El OPLE no hizo su trabajo. Ahora serán los tribunales quienes tengan que corregir lo que el árbitro electoral arruinó. Si la elección es anulada —como ya muchos expertos anticipan—, el costo político e institucional será altísimo. Y si no lo es, la herida de la duda y la desconfianza quedará abierta en la ciudadanía, que hoy mira con frustración cómo un proceso tan importante fue convertido en un teatro mal montado.
La consejera presidenta, Marisol Delgadillo y el resto de los integrantes del Consejo General: Mabel Aseret Hernández Meneses, Maty Lezama Martinez, Quintín Antar Dovarganes Escandón, Fernando García Ramos, María de Lourdes Fernández Martínez y María Fernanda Sánchez Rubio son los responsables de este desastre. Ellos permitieron la intromisión de actores políticos en la elección, autorizaron el sistema de sumatoria que «se les cayó» a las pocas horas de iniciar su funcionamiento y que dió pie al conteo manual entre otros errores.
Fueron ellos quienes ignoraron las alertas previas al proceso y ahora encabezan la entrega de constancias sin revisar la legalidad de los resultados. Un grupo de consejeros sin capacidad de análisis, sin debate y sin autonomía, cuyo papel se ha limitado a levantar la mano en todas las sesiones, aprobando acuerdos sin leerlos ni explicarlos públicamente.
La presidenta Marisol Delgadillo, lejos de encabezar una defensa institucional seria, ha justificado los errores, negado las fallas y actuado como administradora pasiva de un desastre que ella misma diseñó.
La historia no termina este lunes. Los tribunales tendrán mucho trabajo por delante, porque ya han comenzado a llegar las impugnaciones formales contra los resultados, contra las boletas mal diseñadas, contra la doble votación y llegarán contra la entrega de constancias a personas que no cumplen con los requisitos constitucionales.
El OPLE Veracruz es y será el peor organismo electoral en el país y el resultado de las elecciones judiciales el más dudoso, falto de certeza, legalidad y transparencia.
