Xalapa, Veracruz.- La reforma a la ley del Poder Judicial de Veracruz aprobada por segunda vez este sábado, es un mal «parche» a la reforma aprobada irresponsablemente el pasaeo 23 de diciembre por la mayoría de Morena en el Congreso del Estado, acusó el diputado local del PRI, Héctor Yunes Landa, tras advertir que será motivo de impugnaciones porque no se puede reformar en esa materia una vez iniciado un proceso electoral.
Durante la sesión de hoy sábado 11 de diciembre de 2025, el legislador dejó en evidencia que la reforma aprobada hace 19 días, demuestra la improvisación con que se hizo para entregar como trofeo a la 4T el control del Poder Judicial de Veracruz.
«Yo me pregunto, ¿qué sentirán los diputados de Morena de
legislar con el error y la improvisación como premisa?…
Tengo claro que la mayoría legislativa de este Congreso desconoce que la Constitución federal de la República es muy clara al precisar que no se pueden cambiar las reglas electorales, una vez iniciado el proceso», resaltó en tribuna el legislador veracruzano.
Insistió que los diputados locales de Morena «ignoran» el contenido de lo que aprueban, pues solo reciben ordenes para levantar la mano o salirse de las sesiones para evitar debatir ante el pleno de la Legislatura.
«Está claro que esta reforma, al igual que la de hace 19 días, no es una que resulte del buen juicio o pensando en los veracruzanos, sino un intento descarado de manipular la justicia», apuntó Yunes Landa.
Asimismo, señaló que no se puede jugar con la manera en que se elige al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz o a los magistrados como si fuera un trámite menor. «Esto no solo es irresponsable, es una burla a los veracruzanos».
El diputado Héctor Yunes precisó que las reformas propuestas trastocan las normas previamente establecidas, violando el artículo 105 de la Constitución Federal y los principios de legalidad y transparencia.
Además, otorga más control al partido en el poder sobre el Poder Judicial, como se observa en la modificación de la forma en que se designa la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, de acuerdo con los «votos obtenidos» en una elección controlada y manipulada por el partido mayoritario. Esta concentración de poder en manos del oficialismo vulnera la independencia judicial, lo que favorece la politización de la justicia.
Asegura que también se vulnera la autonomía del órgano de administración judicial porque buscan que la presidencia de este órgano sea ocupada por alguno de sus dos integrantes que no pertenecen al poder judicial, vulnerando así el principio fundamental de autonomía de este poder.
