[ Ciudad de México ] La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó poseer registros oficiales que vinculen a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.
Durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles, la mandataria respondió de manera directa a los cuestionamientos sobre el supuesto reclutamiento de la funcionaria panista, acotando que la administración federal carece de elementos técnicos o de inteligencia para sustentar dicha versión.
Pese a desmarcarse de las especulaciones en torno a la gobernadora, Sheinbaum enfatizó que el centro de la controversia radica en las acciones operativas en territorio nacional. La titular del Ejecutivo reiteró que el gobierno tiene documentado el ingreso ilegal de agentes estadounidenses a Chihuahua, quienes operaron en franca violación a la Ley de Seguridad Nacional. Conforme al marco legal vigente, las labores operativas corresponden de manera exclusiva a las fiscalías, policías locales, Guardia Nacional, Ejército y Marina.
La presencia de los oficiales extranjeros quedó al descubierto tras un percance vial ocurrido el pasado 19 de abril en la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez. En el incidente, derivado del retorno de una redada antidrogas en la zona serrana, perdieron la vida cuatro personas: dos ciudadanos estadounidenses y dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación del estado.
Ante este escenario, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una carpeta de investigación profunda para deslindar responsabilidades jurídicas sobre la incursión extranjera. Paralelamente, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua desarrolla sus propias indagatorias sobre el siniestro vial.
En el plano político, la gobernadora Campos Galván sostiene que no poseía conocimiento previo del despliegue táctico en la sierra. Aunque fracciones del partido Morena impulsan un juicio político en contra de la mandataria estatal, la presidenta Sheinbaum marcó distancia de esos procedimientos legislativos, señalando que corresponden estrictamente a las decisiones partidistas y no a una consigna de su gabinete. La postura del gobierno federal permanece enfocada en el respeto a la soberanía territorial, delegando la resolución final de los hechos a las conclusiones que presente la FGR.
