Xalapa, Veracruz.- El diputado Daniel Cortina Martínez presentó al Pleno de la LXVII Legislatura del Estado de Veracruz, la iniciativa que busca reformar el Artículo 258 del Código Penal del estado para establecer que quien cometa el delito de usurpación de la profesión de médico cirujano plástico podría hacerse acreedor a penas de prisión que irían de los seis meses a los tres años y multa de 50 hasta 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
En su iniciativa, presentada durante la decimonovena sesión, el legislador propone referir en el citado código que cometería este ilícito aquella persona que realice procedimientos de cirugía plástica, estética, reconstructiva; aplique tratamientos médicos, emita diagnósticos o prescriba medicamentos, sin contar con la acreditación legal, de experiencia y la certificación del colegio de la especialidad para desempeñar dicha actividad.
Ante las diputadas y los diputados el legislador Cortina Martínez subrayó que su propuesta busca reducir la propagación de casos de personas que practican cirugías sin los requisitos señalados, “han causado daños a las personas que se someten a estas intervenciones y han puesto en riesgo su salud, y en algunas otros casos han causado muerte”.
Asimismo, indicó que en Veracruz se han incrementado los servicios de cirugía estética a partir de que en determinados centros de educación imparten cursos con licenciatura relacionados con el tema de reconstrucción estética, “pero son cursos ciento por ciento académicos sin validez para realizar cirugías de este tipo”.
Agregó que para llevar a cabo adecuadamente este tipo de servicios es necesario ser médico, realizar una residencia de cirugía y después cursar la especialidad en cirugía plástica, “además tener una certificación de un colegio médico de la especialidad que avale el ejercicio de la profesión”.
Por último, expuso que existe una creciente demanda de procedimientos estéticos, ya sea quirúrgicamente o mediante introducción de diversas sustancias líquidas en determinadas partes del cuerpo, “lo cual ha generado un mercado lucrativo que atrae a personas sin la preparación adecuada, quienes ofrecen servicios a precios más bajos, poniendo en riesgo la salud de quienes acuden a ellos”.
Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Salud y Asistencia. Se adhirieron a la propuesta los grupos legislativos de Morena, PVEM y PT.
