Xalapa, Veracruz .- En un movimiento inesperado, los cinco integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial presentaron su renuncia de manera conjunta, citando la «imposibilidad jurídica» de continuar con el proceso que se les encomendó. La decisión se produce en un momento crítico para la selección de juzgadores en México, y tiene implicaciones importantes para la independencia y la eficacia del Poder Judicial.
El Comité de Evaluación del Poder Judicial era responsable de evaluar a los candidatos a juzgadores propuestos por el Poder Judicial, con el objetivo de seleccionar a los más idóneos para ocupar estos cargos.
La comisión tenía la tarea de revisar los expedientes de los candidatos, evaluar su experiencia y conocimientos, y emitir una recomendación sobre su idoneidad para el cargo.
Cabe recordar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) recientemente determinó que el Senado tiene la facultad de seleccionar a los candidatos a juzgadores sin pasar por un filtro de idoneidad adicional. Esta decisión ha sido criticada ya que se considera que puede politizar la selección de juzgadores y comprometer la independencia del Poder Judicial.
La renuncia del Comité de Evaluación del Poder Judicial es un golpe a la selección de juzgadores, pues deja de haber una autoridad independiente que evalúe la idoneidad de los candidatos.
El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, ha asegurado que el método de selección a través de tómbola o insaculación será transparente y justo, situación que se encuentra en duda y que no se equipara a una evaluación de candidatos.
La recien aprobada reforma al Poder Judicial permitió al Senado seleccionar a los candidatos a juzgadores sin pasar por un filtro de idoneidad adicional y es parte de una serie de cambios que han sido implementados en los últimos años y por los cuales se pronunció en reiteradas ocasiones el ex presidente Andrés Manuel López Obrador.
La renuncia del Comité de Evaluación del Poder Judicial pone en duda la selección de juzgadores, la cual requiere una evaluación cuidadosa y objetiva de los candidatos, para que así se garantice un proceso transparente y justo.
