[Ciudad de México] La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucionales los plazos previstos en la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), para que las autoridades realicen investigaciones sobre posiblesprácticas monopólicas.
Con esta resolución, el pleno del alto tribunal negó el amparo promovido por Google que impugnó el artículo 73, párrafo segundo, de la LFCE, como parte de su estrategia legal para revertir una multa de 2 millones 340 mil pesos impuesta por no entregar en tiempo la información requerida por la autoridad de competencia.
El ministro Irving Espinosa Betanzo, encargado del proyecto de resolución, sostuvo que permitir prórrogas indefinidas afectaría el desarrollo de las investigaciones en materia de competencia económica.
“Concluimos que la norma es constitucional, pues su finalidad descansa en el artículo 28 constitucional, que impone al Estado el deber de investigar y sancionar las prácticas monopólicas con eficacia”, señaló durante la discusión.
El ministro explicó que el plazo de 10 días, prorrogable una sola vez según la complejidad o volumen de la información solicitada, guarda una relación racional con el periodo de investigación establecido en el artículo 71 de la propia ley.
De acuerdo con el proyecto aprobado, permitir ampliaciones sin límite vaciaría de contenido el periodo legal de investigación y podría afectar la capacidad de la autoridad para indagar y sancionar posibles conductas anticompetitivas.
La resolución de la Corte no cierra por completo el caso, ya que el asunto regresará a un Tribunal Colegiado, el cual deberá analizar temas de legalidad pendientes.
Entre ellos, deberá determinar si el monto de la multa impuesta a Google se mantiene o se reduce, luego de que un juzgado federal estableció que la empresa sí cumplió de manera parcial con la entrega de los informes solicitados.
El caso tiene origen en una investigación iniciada el 14 de enero de 2025 por la entonces Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), por la posible realización de prácticas monopólicas relativas en el mercado de desarrollo, distribución y procesamiento de pagos de aplicaciones móviles y contenido digital, así como servicios relacionados.
Como parte de esa indagatoria, la autoridad investigadora requirió información a un agente económico presuntamente relacionado con los hechos materia de la investigación.
Google respondió mediante seis escritos de desahogo de información. Sin embargo, el 22 de mayo de 2025, el director general de investigaciones de mercado de la Cofece consideró que la empresa no cumplió con el requerimiento en los términos solicitados y le impuso la multa.
La decisión de la SCJN representa un precedente relevante para las investigaciones en materia de competencia económica, al validar que los plazos establecidos en la LFCE son compatibles con la Constitución.
Con ello, el alto tribunal respaldó la facultad del Estado para investigar y sancionar prácticas monopólicas de manera eficaz, especialmente en mercados donde la información solicitada a empresas puede ser clave para determinar posibles afectaciones a la competencia.
Aunque Google aún podrá discutir aspectos de legalidad ante el Tribunal Colegiado, la Corte dejó firme el criterio constitucional sobre los plazos que deben observarse durante las investigaciones de competencia económica.
