Xalapa, Veracruz. / La Fiscalía General del Estado informó que a través de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS), obtuvo en distintos municipios de la entidad diversas resoluciones judiciales, consistentes en una sentencia condenatoria, una vinculación a proceso y una detención, en contra de presuntos infractores de la ley.
La sentencia condenatoria se obtuvo en Coatzacoalcos donde se dictaron 50 años de prisión en contra de Luis Eduardo “N” como responsable del delito de secuestro agravado, por hechos ocurridos el 20 de julio de 2018, al interior de una tortillería ubicada en la colonia Lázaro Cárdenas del municipio de Agua Dulce, donde la víctima fue amenazada y privada de su libertad.
En lo que respecta a la vinculación a proceso, esta fue obtenida en Córdoba, derivada de hechos ocurridos el 15 de enero del año en curso, cuando la víctima fue privada de su libertad en el municipio de Maltrata, mientras viajaba en su vehículo. Como parte de las investigaciones, la autoridad judicial autorizó una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia Pedro I. Mata de la ciudad de Veracruz, donde al ser localizado el vehículo de la víctima, se efectuó la detención de Ángel de Jesús “N”, José Ángel “N” e Iván “N”, por su presunta responsabilidad en delito de secuestro específico.
En una acción distinta y en coordinación con la UECS Tamaulipas, fue cumplimentada en aquella entidad una orden de aprehensión, emitida por un juez del distrito judicial de Coatepec, en contra de Annecy Viridiana “N”, como presunta responsable del delito de extorsión agravada.
Los hechos de los que se le señala ocurrieron el 29 de enero de 2025 en la ciudad de Poza Rica, cuando las víctimas recibieron llamadas de carácter extorsivo, en las que fueron amenazadas por una supuesta célula delictiva. Derivado de las indagatorias realizadas, se estableció la presunta participación de Annecy Viridiana “N” en este ilícito, por lo que elementos de UECS ejecutaron la orden de aprehensión correspondiente.
En respeto a sus derechos humanos y al debido proceso, la detenida fue puesta a disposición de la autoridad judicial que emitió la orden, para que se determine su situación jurídica en la audiencia inicial correspondiente.
Cabe señalar que la identidad de las víctimas de los delitos referidos se encuentra legalmente resguardada.
